El Tribunal Oral Federal de Santa Fe dictó penas de hasta 4 años y 10 meses de prisión para un excomisario, dos policías provinciales y cuatro civiles que integraron una asociación ilícita dedicada a la venta de estupefacientes desde la ciudad de Esperanza hacia el departamento Las Colonias.
La estructura operó, según la investigación, entre septiembre de 2022 y mayo de 2023 en Esperanza y otras localidades de la región.
La resolución también alcanzó a un cuarto policía, un subcomisario, condenado por malversación y encubrimiento agravado. La pesquisa estuvo a cargo del fiscal federal Gustavo Onel, titular de la Unidad Fiscal Santa Fe.
Penas y roles dentro de la organización
El juez federal Luciano Lauria, quien llevó adelante el debate de manera unipersonal, homologó el acuerdo de juicio abreviado entre fiscalía y defensas y fijó una pena de 4 años y 10 meses de prisión al excomisario Lucas Gabriel Nos y al exsuboficial Matías José Cosentini.
Ambos fueron considerados responsables de asociación ilícita, malversación de caudales públicos, encubrimiento agravado e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La exoficial María Belén Muratore, también integrante de la Brigada departamental, recibió 4 años de prisión por asociación ilícita, falsificación de documento público e incumplimiento de deberes. Las condenas son de cumplimiento efectivo e incluyen la inhabilitación para ejercer cargos públicos por el doble del tiempo de pena.
En tanto, el exsubcomisario Rubén Darío Moyano, que se desempeñaba en la Jefatura de San Jerónimo, fue condenado a 2 años de prisión por malversación y encubrimiento agravado.
El fallo determinó además que Daniel Carlos Segovia, ya condenado por narcotráfico, era quien abastecía de droga a los policías. Se le impuso una pena única de 7 años, tras unificación con una condena previa dictada en agosto de 2024.
Entre los civiles, Andrés Avelino Belizán, Andrea Delfina Córdoba y Rocío Guadalupe Córdoba recibieron 3 años de prisión, mientras que Sol Micaela Morel fue condenada a 4 años y 6 meses por registrar una sentencia previa en el fuero provincial.
La evidencia: escuchas telefónicas y un video clave
En el expediente, el juez Lauria subrayó la “gravedad institucional” de los hechos y la utilización de recursos estatales, como vehículos oficiales y elementos secuestrados, para fines ilícitos.
Uno de los elementos más contundentes fue un video casero: allí se veía a Segovia —identificado como proveedor de drogas— descendiendo de un móvil oficial de la AIC con un bolso repleto de dinero, junto a Cosentini.
A partir de ese registro, el fiscal Onel profundizó las medidas y logró establecer el funcionamiento de una estructura criminal integrada por policías, quienes organizaban la distribución territorial de la droga, definían quién podía vender y quién no, y realizaban procedimientos contra quienes se negaban a pagarles.
Las intervenciones telefónicas permitieron reconstruir maniobras, contactos y la impunidad con la que operaban. En un mensaje del 10 de marzo de 2023, Cosentini advertía:
“Amigo, estamos con esto, tené cuidado… Avisale a la mina que no salga a hacer delivery… Los gendarmes andan de civil. Ya te voy a pasar la patente”.
En otra conversación, se alertaban sobre posibles controles y ordenaban a sus vendedores mover o esconder dinero y teléfonos. En un intercambio entre Nos y Cosentini, el entonces comisario instruyó:
“Amigo, avisale a nuestra gente… para que guarden todo… teléfonos, plata, que no tengan nada… pero que no levanten mucho la perdiz porque si no se cae lo nuestro”.
Operación en varias localidades y uso de patrulleros
La investigación determinó que la banda actuaba principalmente en Esperanza, pero también en Franck, Las Tunas, San Carlos, Progreso y San Agustín.
Cosentini utilizaba incluso un patrullero oficial para realizar diligencias vinculadas a la actividad ilegal: buscar droga, recorrer bunkers o trasladar dinero, según figura en la sentencia.
El tribunal consideró que los chats extraídos de los teléfonos de los imputados tienen “impactante valor probatorio” y evidencian la “cuota de poder e impunidad” con que se manejaban.
Una trama que compromete la función policial
En su resolución, el juez Lauria recordó que se juzgaron conductas de funcionarios cuya misión era combatir el narcotráfico, pero que en lugar de eso administraron el territorio para favorecer la venta de drogas.
Los acusados, sostuvo, “no solo se asociaron para delinquir, sino que desviaron y ocultaron pruebas y bienes relacionados con procedimientos vinculados al tráfico de estupefacientes”.
De esta manera, la sentencia cierra un capítulo que expuso una grave desviación funcional dentro de la fuerza policial de Las Colonias y dejó al descubierto una red criminal sostenida por quienes debían garantizar la seguridad en la región.
Fuente Diario Uno
