Como se había adelantado, los funcionarios -en este caso del Ministerio de Educación- llegaron sin una oferta. Las partes se escucharon mutuamente; los gremios dejaron sentados los puntos sobre los que esperan tener respuestas, y que van desde lo salarial hasta los concursos pendientes. Los representantes del Poder Ejecutivo aseguraron que en el próximo encuentro propondrán los incrementos que consideran pertinentes para el corriente año.
La reunión pasó a un cuarto intermedio, pero con una reanudación que aún no tiene fecha. Ése fue uno de los aspectos observados por los gremios, porque en el caso de los docentes oficiales, ya tienen una asamblea fijada para el martes de la semana que viene. Todos los referentes gremiales, tanto los públicos como los privados y particulares, se quejaron de la convocatoria “tardía” del gobierno, que pone en riesgo el inminente inicio de las clases previsto para el 5 de marzo.
Las voces
Antes y después de la reunión, la titular de Amsafe, Sonia Alesso, estimó que la inflación de este año será muy similar a la que se registró el año pasado -en la provincia, según datos del IPEC, fue del 26,1%-, por lo que entendió que el aumento a otorgar debería ser de “bastante más que el 20%”. La ministra de Educación, Claudia Balagué, evitó hablar de cifras precisas; dijo que tanto las estimaciones de inflación que se tengan en cuenta como los incrementos a otorgar, serán discutidos junto a los ministros de Trabajo y Economía.
Patricia Mounier, del Sadop, marcó como un condicionante “la bajada de línea que viene haciendo el gobierno nacional para que las jurisdicciones no ofrezcan más de un 10 o un 15 %”. En el mismo sentido, objetó “la anulación por decreto de la paritaria nacional docente hace que “no haya un parámetro de discusión”. “Estamos con los plazos acotados”, sostuvo, y mencionó las cuestiones o criterios que deben quedar instalados para la discusión: blanqueo de salario, antigüedad, y consideración de la cláusula gatillo. No obstante, aclaró que hay discrepancias con las consideraciones acerca del Ipec. “Obviamente, no concordamos con el 1,1 % de diferencia que plantea dicho orgnaismo; para nosotros es mucho más”, sostuvo Mounier, en relación al aumento que anunció la provincia resultante de la aplicación de la cláusula gatilla en la negociación de 2017. “El planteo del gobierno nacional y la presión que ejerce en las provincias obliga a los gobiernos a ofrecer menos de lo que pretendemos -añadió-. Esperamos que aquí haya un ofrecimiento digno de considerar”.
Por su parte, Rosa Bugnar (UDA), marcó la “expectativa de tratar de conseguir lo mejor para los trabajadores, porque sabemos lo castigados que está en su poder adquisitivo”. Y consideró que “no es negociable para nada la cláusula gatillo automática”.
No obstante, aclaró que “no tenemos un porcentaje” definido en cuanto a las pretensiones de incremento salarial. “Vamos a arrancar escuchando y planteando todo el contexto en el que estamos viviendo”.
A eso agregó “todo un pliego de reivindicaciones. Hay puntos del acta anterior que no se cumplieron, como el concurso de secundaria, la parte de nivel superior, los equipos socioeducativos, vinculados a la problemática de la violencia. La idea es dejar todos estos temas instalados”. Pese a ello, Bugnar consideró “positivo que el gobierno hable de que no hay piso ni techo. Esperamos poder llegar a un acuerdo y que empiecen normalmente las clases”, concluyó. Fuente: El Litoral
