Si hay algo que obsesiona al intendente de Rosario, Pablo Javkin, es lograr el objetivo de “ordenar” la ciudad. Una de las estrategias que propone para mejorar el tránsito es mediante las fotomultas. Con una inversión que supera los 2 mil millones de pesos, a partir de marzo se instalarán 70 cámaras que captarán las infracciones.

Será en enero cuando se conozca la empresa ganadora de la licitación que se hará cargo de implementar el nuevo sistema y tendrá tres meses para ponerlo a punto, de modo que en marzo esté listo y aceitado para comenzar a operar, justo cuando Rosario recobra su pulso habitual tras las vacaciones de verano.

Esta es una de las medidas que contempla el nuevo código de convivencia, aprobado en noviembre por el Concejo, con el foco puesto en labrar nuevas multas acorde a los nuevos hábitos sociales que intervienen en la ciudad y que no estaban regulados.

Ante la mirada suspicaz de diversos sectores, con todo el dinero que se genere producto de las multas, según confirmó el propio Javkin, se repartirá en un 80% al Fondo Compensador del Transporte y el 20% restante a la Secretaría de Salud. Esa es la carta que muestra el jefe del Palacio de los Leones para comunicar que su idea de aplicar el nuevo sistema no pretende recaudar.

El contrato que se busca firmar con el adjudicatario, regirá por 60 meses, es decir cinco años, con opción a prorrogarlo por 24 meses más. Además, para evitar especulaciones con las recaudaciones por multas, la empresa no podrá labrar más de 55.000 infracciones por mes.

Otro punto a resaltar es que el sistema a implementar constará de 70 puntos de control fijos más cuatro móviles para distintos tipos de infracciones, que se dispondrán en función de la siniestralidad y condiciones geométricas presentes en la ciudad.

A diferencia de lo que sucedió con otras empresas, que tenían la concesión de los semáforos, esta vez el pliego señala puntualmente que una vez finalizada la contratación quedarán en poder de la Municipalidad los bienes determinados.

Un gesto que lanzó Javkin para seguir demostrando que la implementación de la fotomultas no tiene una finalidad recaudatoria es que se informará dónde estarán ubicadas las cámaras “para que no haya sorpresas” dijo. Es decir, que cualquier conductor o conductora podrá chequear dónde están puestas o si se van moviendo a otras zonas.

En concreto, el Estado invertirá 2.650 millones de pesos para instalar 20 nuevas cámaras de videovigilancia, cinco elementos de control de velocidad disuasorios, cuatro servidores informáticos para el Tribunal Municipal de Faltas.

También, habrá 35 controles fijos controlando los semáforos en rojo, 15 detectando excesos de velocidad -de los cuales dos serán móviles-, 10 supervisando invasión de ciclovías, cinco vigilando invasión de carriles exclusivos, cinco por giro indebido y dos móviles por estacionamiento indebido.

Cuándo y cómo

En mayo, el Palacio de los Leones firmó el llamado a licitación para el nuevo sistema de detección electrónica de infracciones de tránsito o más conocido como fotomultas, pero resulta que el proceso tuvo que postergarse porque aludieron “problemas” con el pliego, con lo cual el adjudicatario que debía conocerse antes de que terminara julio, se tuvo que prorrogar.

Según declaró en su momento Javkin, la demora y los inconvenientes con el pliego licitatorio se produjeron porque “el proceso estaba en un punto que permitía revisarlo”, por ende, decidieron readecuarlo para publicarlo en un mes y medio, y lograr que en dos meses el contrato esté listo.

Entre los argumentos que esgrimió el mandatario rosarino es que en Argentina “había una oferta monopólica” y desde el gobierno local pretenden que haya “competencia en la licitación”, manifestó.

Tras la nueva planificación del proceso licitatorio, se anunció que en enero se adjudicará el sistema a una firma, la cual tendrá 90 días para instalar todas las cámaras y aceitar el sistema, de modo que esté listo para cuando la ciudad retome su pulso habitual tras los recesos estivales.

La futura adjudicataria se deberá encargar de la instalación de aparatos, operación de las imágenes y procesamiento, y al municipio le compete el juzgamiento y cobro de acta. Fuente: El Litoral