Lo asegura Cristina Morla, integrante de la familia solidaria que convivió con el niño de tres años durante 1 año y 7 meses. “Estamos hechos pelota pero con más fuerzas para seguir luchando”, planteó.
Locales20 de abril de 2018
En diálogo con los medios, Gigliotti y Morla mostraron informes sobre las consecuencias que este proceso puede tener en la salud psíquica del menor. Foto: Flavio Raina
Hace tres meses, Cristina Morla y Sergio Gigliotti dejaban a Kiki, el niño de tres años que cuidaban desde hace un año y 7 meses —en el marco del programa Familias Solidarias—, en las oficinas de la Subsecretaría de la Niñez. Los funcionarios del área les comunicaron que iban a trasladar al menor a la ciudad de San Carlos, para que esté más cerca de su hermano más chico.
Por el afecto que sienten por el niño, ellos habían comenzando los trámites para solicitar la guarda pre adoptiva, a pesar de que las normas del programa no lo permiten. Argumentaron que al cuidarlo durante tanto tiempo —la recomendación es que este plazo no se extienda más de 6 meses— se había formado un vínculo muy fuerte con Kiki. “El nos adoptó a nosotros”, dijo Gigliotti en ese momento. También ofrecieron adoptar a su hermano más chico.
El tema terminó en la justicia, que hasta ahora falló dos veces a favor de la Subsecretaría de la Niñez. El defensor general apeló la última decisión judicial ante la cámara. “En el fallo del Tribunal Colegiado no se habla de la responsabilidad del Estado en esta situación”, insistió Gigliotti.
En diálogo con El Litoral, la pareja contó que hace más de un mes que no tienen información sobre cómo está Kiki y mostraron tres informes que advierten sobre las consecuencias que esta situación pueden tener sobre el menor.
En el primero de ellos, desde la Defensoría del Pueblo de la Nación indican que “las decisiones relativas a los niños en acogimiento alternativo, incluidos aquellos en acogimiento informal, deberían tener en cuenta la importancia de garantizar a los niños un hogar estable y de satisfacer su necesidad básica de un vínculo continuo y seguro con sus acogedores, siendo generalmente la permanencia un objetivo esencial”.
Los profesionales del Servicio de Salud Mental del Hospital Iturraspe, además, advirtieron sobre el estrés que esta situación puede provocar en el menor y las consecuencias sobre el desarrollo de su personalidad.
La Filial Santa Fe de la Sociedad de Pediatría planteó que en estos casos debe requerirse la opinión de las instituciones y organismos especializados en salud infantil, sobre todo porque el menor esta en una etapa clave: “El proceso madurativo psico-neurológico-afectivo de los niños en los primeros tres años de vida se produce a un ritmo muy veloz, motivo por el cual no parece lógico que se lo subordine a los tiempos que demanden trámites burocráticos”.
Seguir luchando
La pareja reconoce que los últimos tres meses fueron muy difíciles. “Estamos hechos pelota, pero con más fuerzas para seguir luchando”, le aseguró Morla a El Litoral.
“Cuando teníamos información, sabíamos que él preguntaba por nosotros y que estaba estresado por todo esto. Lo que se está haciendo es macabro, se está apostando a romper el vínculo que forjamos con él”, se indignó Gigliotti.
La pareja está aguardando el resultado de la apelación del defensor general ante la cámara. Si no es favorable adelantaron que seguirán insistiendo ante otras instancias judiciales.
Cronología
— Jueves 18 de enero. Sergio Gigliotti y su pareja Cristina Morla —que participaban del programa “familias solidarias”— entregan al niño de tres años en la Subsecretaría de Niñez.
— 26 de enero. Mientras se tramita la solicitud de guarda pre-adoptiva en la Justicia, Gigliotti y Morla piden que el menor de tres años vuelva a la casa que compartía con ellos y lanzan una campaña de firmas. También se reúnen con funcionarios de la Secretaría Nacional de Niñez en Buenos Aires, quienes se comprometieron a seguir de cerca el caso, y con las autoridades de la Defensoría del Pueblo.
— 20 de febrero. La Justicia rechazó el pedido para que Kiki vuelva con esta familia. La Jueza Susana María Romero, del Tribunal Colegiado de Familia N° 3, resolvió no hacer lugar a la medida cautelar de no innovar presentada por el defensor general. Según la evaluación de profesionales, el niño no vivencia un daño actual, se encuentra en buen estado de salud físico y psíquico, con emociones unidas a las modificaciones que transita. La familia solidaria entregó más de 120.000 firmas de adhesión a su causa en Casa de Gobierno.
— 28 de febrero. El Tribunal Colegiado de Familia Nº 3 resolvió rechazar la apelación del Defensor General. Uno de los argumentos es que la Subsecretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia “se encontraba legitimada para efectuar el cambio de alojamiento del niño”. Fuente: El Litoral
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